La Contraloría General de la República se manifestó en contra de los resultados de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses «OMSA» en la que concluye que esta última efectuó pagos irregulares por las adquisiciones de bienes y servicios por un monto de RD$3,438,502,149.
Según el informe final del organismo auditor, los desembolsos presentan desviaciones a las normativas emitidas en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, sin embargo, la Contraloría advierte que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por Contrataciones Públicas.
A pesar de ello, el controlador general, Daniel Omar Caamaño Santana, expresó en un comunicado que tan pronto fue recibido este informe puso en marcha una exhaustiva investigación a los fines de establecer responsabilidades individuales, si las hubiere, de cualquier servidor público dependiente de esta institución.
“En las operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo que el organismo rector de las Contrataciones Públicas, dentro del alcance de sus facultades, otorgó a tales compras mediante el artículo 1 de la Resolución 15/08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y refrendada por el Órgano Rector el 29 de febrero del año 2016, mediante la comunicación DGCP44-2016-00194”, precisó.
Entre los considerando de esta resolución se hace referencia a que para la contratación de servicios de reparaciones que requieran de trabajos previos para obtener cotizaciones, los cuales representen un costo adicional significativo con relación al costo total de la reparación, podrá realizarse una compra directa.
Caamaño Santana destaca que hasta el momento esta resolución no ha sido derogada por lo que para la Contraloría constituye un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esta resolución.
“La misma respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones públicas, como son las reparaciones de vehículos de motor, esta circunstancia fue lo que generó la mayoría de las observaciones que presentan en sus informes, por la ausencia de contratos y otras debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada”, enfatizó.
Asimismo, aclaró que el papel de su personal instalado en las entidades es verificar que los procesos se hayan realizado ajustados a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las demás normativas vigentes y no a responsabilidades que corresponden directamente a los titulares de cada institución.
Sostiene que el referido informe no toma en cuenta las normas vigentes sobre los controles internos y el alcance de las responsabilidades de esta institución en los procesos de autorización de las órdenes de pago. Indica que los incumplimientos o debilidades señalados en las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas no se corresponden con las funciones de la Contraloría y por lo tanto las imputaciones legales que se le atribuyen tampoco, según lo establece la ley de control interno vigente.
Aclara rol de la UAI
Señaló también que la responsabilidad de la Unidad de Autoría Interna (UAI), en este caso de la OMSA, en cuanto a la autorización de las órdenes de pago, se limita a la verificación de los controles previos establecidos por la entidad en sus normas secundarias.
Por tanto, la UAI al analizar los documentos de soporte del pago, lo hizo sobre la base de la legalidad y procedencia de la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
“Es evidente, que de conformidad con lo establecido en la Ley 10-07 no se encuentra dentro del ámbito de responsabilidades asignadas a las UAI, para la autorización de pagos, la de verificar más allá de la documentación suministrada por la institución ya que ello corresponde precisamente al control externo ejercido por la Cámara de Cuentas tal como lo establece la propia este reglamento”, sostiene.
Fuente: Diario Libre
