Separar la basura cuando todavía cuesta recogerla: el reto que la ley pone a las alcaldías
Separar el plástico, guardar el cartón y colocar los restos de comida en otro recipiente exige un esfuerzo dentro de la casa. Afuera, ese esfuerzo necesita una respuesta: saber cuándo pasará el camión de la basura, qué recogerá y adónde llevará cada material.
Si todo termina mezclado durante la recogida, la separación pierde su propósito. Si los residuos permanecen en una esquina, el problema vuelve a ser el de siempre: retirarlos antes de que se dispersen o lleguen a los desagües.
La Ley 98-25 coloca a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales frente a una transformación que va más allá de comprar camiones. Les exige planificar, organizar la recolección selectiva, disponer de espacios para recuperar materiales y supervisar el servicio, incluso cuando lo ejecuten empresas contratadas. Nos peguntamos, cómo avanzar hacia ese modelo mientras se resuelven las dificultades de recogida y limpieza que todavía afectan a las comunidades.
Recoger con regularidad ya es una obligación
El artículo 4 de la reforma modifica el artículo 16 de la Ley 225-20 y establece que los gobiernos locales deben garantizar una recogida “selectiva, accesible, periódica y eficiente” para todos los habitantes de su territorio. También les corresponde proveer servicios de cuneteo y barrido de calles, vías y espacios públicos; aprobar ordenanzas para regular la clasificación, recolección selectiva y disposición final; y facilitar centros de recuperación de materiales.
La exigencia empieza con algo reconocible para cualquier residente: que el servicio llegue a su comunidad y mantenga una frecuencia que permita organizar la salida de la basura. Después viene el siguiente paso: que los materiales separados encuentren una recogida y un destino adecuados.
¿Con cuántos vehículos operativos cuenta cada alcaldía? ¿Qué sectores quedan fuera de las rutas? ¿Cuánto cuesta recoger los residuos y qué capacidad existe para transportarlos por separado? Esas respuestas permiten visualizar distancia entre la obligación y el servicio disponible.
Los plazos para cambiar el sistema
La reforma establece compromisos concretos, contados desde su entrada en vigor:
- Doce meses para someter los planes municipales de gestión integral de residuos y los proyectos de infraestructura de disposición final al Ministerio de Medio Ambiente, conforme al artículo 33.
- Un plazo máximo de doce meses para promover progresivamente programas de formalización e inclusión social de los recicladores de base, según el artículo 32.
- Un plazo máximo de treinta y seis meses para promover la implementación progresiva de la separación en la fuente y la recolección selectiva en toda la jurisdicción. El artículo 28 dispone que, cumplido ese período, las normas serán obligatorias.
- Cuarenta y ocho meses para clausurar los vertederos a cielo abierto del país, una meta del sistema nacional que requiere coordinación entre las autoridades involucradas.
Cerrar un vertedero obliga a resolver dónde se recibirán los residuos al día siguiente. Separarlos requiere instalaciones, rutas y acuerdos que permitan recuperarlos. Los plazos necesitan traducirse en obras y servicios antes de agotarse.
El dinero también tiene condiciones
La ley contempla un aporte mensual de RD$20 por habitante para los ayuntamientos y juntas distritales, destinado exclusivamente al pago de la recolección o a equipos y maquinarias para ese servicio. El mecanismo estaba previsto a partir de enero de 2026, una vez recibidos los fondos provenientes del presupuesto nacional. Su distribución debe reglamentarse e incluir como requisito un plan municipal aprobado por Medio Ambiente. Para demarcaciones con menos de 5,000 habitantes, establece un mínimo de RD$100,000 mensuales.
La existencia del aporte abre otra línea de seguimiento: cuánto ha recibido cada gobierno local, en qué lo ha utilizado y qué mejoras puede mostrar.
En abril de 2026, Medio Ambiente, la Liga Municipal Dominicana y Fedomu presentaron una guía para formular esos planes. El instrumento contempla diagnósticos sobre cobertura, equipos, personal, generación de residuos y costos de recogida. La institución recordó que la aprobación de los planes es un requisito para acceder a recursos operativos.
Contratar no elimina la responsabilidad
Cuando una empresa recoge la basura, la alcaldía conserva obligaciones. El artículo 16 reformado dispone que el gobierno local debe otorgar el permiso correspondiente, supervisar, monitorear y evaluar el servicio contratado, además de aplicar las sanciones que procedan por incumplimiento.
La rendición de cuentas debe llegar hasta las rutas: qué se contrató, con qué frecuencia, cómo se comprueba su ejecución y qué ocurre cuando el camión no pasa. La ley también ordena destinar los ingresos cobrados por el manejo de residuos a la operación y al fortalecimiento del servicio. La discusión sobre recursos debe acompañarse, por tanto, de información sobre su uso.
La basura y el agua se encuentran
El vínculo con el drenaje aparece cuando los residuos terminan dentro de las estructuras por las que debería circular la lluvia. En abril de 2026, la CAASD reconoció que comunidades próximas a la cañada Juan Valdez, en Los Ríos, habían sufrido inundaciones durante más de treinta años. Su director, Fellito Suberví, señaló entonces el impacto de los desechos en los cauces y denunció prácticas de vertido incluso en cañadas intervenidas.
Eso exige actuar sobre varios problemas a la vez: disposición inadecuada, recogida, limpieza, mantenimiento e infraestructura. Las intervenciones hidráulicas requieren coordinación entre instituciones; las obligaciones municipales sobre residuos forman parte de esa respuesta.
Pedir a la ciudadanía que no arroje basura necesita acompañarse de opciones accesibles para entregarla. Y disponer de un servicio de recogida exige también que los residentes respeten los horarios y lugares establecidos.
¿Es posible cumplir?
La ley ofrece responsabilidades, instrumentos de planificación y mecanismos de financiamiento. La capacidad de cumplir tendrá que verse municipio por municipio. Una ruta verificable permitiría conocer cuántos planes están aprobados, qué cobertura tiene la recogida, dónde comenzará la separación, cuáles instalaciones recibirán los materiales y cómo se incorporará a quienes ya trabajan recuperándolos.
Fuente: Panorama
