Santo Domingo, RD.- Varios abogados solicitaron a la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) darle curso a una denuncia depositada el pasado año, contra el presidente del gremio que los agrupa, Miguel Surum, y la tesorera Elsa María Alvarado, por el supuesto manejo irregular de más de 600 millones de pesos sin rendir cuentas.
Johnny de la Rosa, aseguró que Surum Hernández ha obstaculizado la realización de una auditoría por parte de la Cámara de cuentas.
Como sustento probatorio, los abogados presentaron certificaciones de los fondos recibidos, incluyendo algunas expedidas por la Dirección de Contrataciones Públicas, las cuales indican que éste no figura inscrito en el registro y que no hay solicitud en curso.
Se recuerda que con la denuncia realizada por el abogado Johnny de la Rosa Hiciano, el día 20 de noviembre de este año, Surún habría facilitado el dinero al Colegio de Abogados, sin tener un reporte que especifique el origen de la supuesta deuda.
La deuda de los RD$8,651,762 que el Colegio de Abogados supuestamente le debe a Miguel Surún Hernández aparece en la página 16 de un “Estado Financiero” de una auditoría presuntamente realizada por la firma Luperón Ramírez y Asociados, SRL. Este estado financiero fue colgado a la web del CARD bajo el título “Cuentas por Pagar a Proveedores”.
En la documentación, el abogado denunciante pide a la Pepca iniciar una investigación sobre estos hechos, que involucran no solo a Miguel Surún, sino también a Elsa María Alvarado Domínguez, quien ocupa el cargo de tesorera del CARD.
De la Rosa Hiciano alega que en ese proceso se violentó la regulación legal sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Sin declaración jurada
Conforme a la Cámara de Cuentas, Miguel Surún nunca ha realizado una declaración jurada de bienes, pese a que la Ley 3-19 del CARD dispone cumplir con esa prerrogativa.
El órgano fiscalizador atribuye colocarle trabas que han impedido realizar una auditoría que, en principio (enero 2019), había solicitado el propio gremio. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, en una carta enviada el 11 de agosto del presente año, a la Procuraduría General de la República, informó que el gremio está sujeto al control externo gubernamental a su cargo, pero se ha negado a colaborar.
“Sobre dicha postura tomada por el CARD, es necesario precisar, que la rendición de cuentas es una obligación para todas aquellas entidades que obtengan recursos del Estado y que en caso de inobservancia, es el Estado que debe de exigir su ejecución”, advirtió.
