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CAASD se refiere a denuncia de adjudicación a empresa del ministro de Agricultura

Santo Domingo, RD.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  (CAASD ), Felipe (Fellito) Suberví, dijo este jueves que la adjudicación de la obra por RD$157 millones a la Constructora Teddy, vinculada al ministro de Agricultura Limber Cruz, está basada en la ley de Compras y Contrataciones Públicas.

El funcionario manifestó que en la licitación del lote IX del Proceso de Excepción declarado de urgencia y referenciado como CAASD-MAE-PEUR-2020-0001 para la «ejecución de soluciones de agua potable y alcantarillado del Gran Santo Domingo», también participaron personas que estaban en la pasada gestión.

“Fueron 22 lotes y 62 constructoras que participaron de todos los niveles, y salieron 16 ganadores de esos 22 lotes. El problema de ahí, es que cuando tú te pones a analizar, es un matiz político, donde quieren tal vez de una manera dirigida, lacerar reputaciones”, afirmó Fellito Suberví al ser entrevistado en el programa “Uno más Uno”.

Indicó que unas de sus grandes características como ciudadano, empresario y ahora funcionario, siempre ha sido ser transparente y honesto.

El proceso fue publicado el 25 de noviembre de 2020 y se recibieron ofertas hasta el 08 de diciembre 2020. En esta contratación de 2,759,871,146.98 pesos dominicanos, fueron adjudicados RD$157,383,168.09 pesos a Constructora Teddy (RNC-102317623) el 18 de diciembre 2020. La fecha de firma del contrato Número CAASD-2021-00052 es el 29 de diciembre 2020.

La ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado prohíbe a los funcionarios las contrataciones con el Estado, así como también a las empresas donde un funcionario tenga una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria.

Mientras que la sección tercera del Código Penal Dominicano, establece como delito la Coalición de Funcionarios con condenas como prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.

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