En principio, todos los actos que realiza el Gobierno dentro del ejercicio de sus atribuciones, son legales, es decir, están protegidos por el manto de la legalidad hasta que se pruebe lo contrario.
Esto viene a cuento porque se ha levantado un avispero con relación a una resolución del ministerio de Administración Pública que ingresó a la carrera diplomática a un grupo de embajadores y miembros del cuerpo diplomáticos y consular que cumplieron con los requisitos de ley.
Ese acto es legal porque lo tomó el organismo competente, mientras las facultades del Gobierno pasado estaban vigentes.
Lo que puede ocurrir es que algunas de las personas beneficiarias de la Resolución no cumplieran con los requisitos. En ese sentido, la Resolución puede revisarse y retirar el beneficio para esa o esas personas en particular, pero para todos los demás la disposición mantiene su vigencia y crea derechos a favor de ellos.
Esa es la forma institucional. Ojalá todos los funcionarios del Estado fueran de carrera.
