El Gobierno y el sector privado anunciaron ayer la implementación de un plan integral que tiene como fin transformar las regulaciones y trámites del Estado, cuyos costos actuales ascienden a 197 mil millones de pesos, que representan el 5.46% del Producto Interno Bruto.
El plan contempla, además, la transformación y priorización de seis instituciones del Estado que tienen mayores gastos regulatorios. Estos son los Ministerios de Educación Superior, Salud Pública, Medioambiente, Agricultura, Obras Públicas y la Dirección de Impuestos Internos. La meta fijada es una reducción del costo social de las regulaciones en un 70% aproximadamente.
La información vino de parte del director del Consejo Nacional de Competitividad, durante la presentación del programa RD+Simple, una iniciativa del Gobierno que busca elevar la eficiencia de las instituciones públicas y forjar un país más eficiente y competitivo.
Paz detalló que el plan incluirá la priorización alta de los 10 trámites de mayor costo y la media de 70 trámites, correspondientes a 37 instituciones públicas adicionales.
“Iniciaremos mesas de trabajo con las instituciones involucradas, a los fines de verificar las recomendaciones derivadas de estos resultados y aplicarlas. Esto es, eliminar las que deban ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”, describió Paz. “En la segunda etapa de RD+Simple, incluiremos 40 nuevas instituciones, que nos permitirán analizar, aproximadamente, unos 700 trámites adicionales, de acuerdo a estimaciones preliminares”, informó el director ejecutivo del Consejo
Durante la presentación, se estableció que un total de 2,097 regulaciones administrativas vigentes, y 1,873 trámites y servicios, fueron los resultados del diagnóstico RD+Simple.
De 53 entidades públicas que fueron evaluadas, se determinó que el costo social de las regulaciones asciende a 197 mil millones de pesos, representando el 5.6% del PIB. Este costo no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales. También se comprobó que el 60% de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequátur profesionales.
La estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta. Esta estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (Conamer).
En el levantamiento se incluyó la realización de un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales; y se encuestaron más de 800 ciudadanos, para conocer de primera mano cuales son las regulaciones, trámites y servicios más complejos.
Fuente: El Caribe
