Menos límites al poder y más restricciones a las libertades: el Estado de derecho retrocede en el 62 % de los países
Los gobiernos encuentran menos contrapesos y los ciudadanos, mayores restricciones para expresarse, organizarse y participar en las decisiones públicas. Ese deterioro atraviesa el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP): el 62 % de los países evaluados retrocedió durante el último año, frente al 38 % que mejoró.
El informe, publicado el 21 de octubre, examina 143 países y jurisdicciones. Por noveno año consecutivo, los retrocesos superan a los avances. La organización identifica la expansión de las prácticas autoritarias y el debilitamiento de los controles al poder como los principales motores de esa tendencia.
Las restricciones alcanzan derechos que permiten cuestionar a las autoridades. La libertad de opinión y expresión empeoró en el 64 % de los países; la de reunión y asociación, en el 67 %, y la participación ciudadana, en el 65 %.
La justicia también perdió terreno. Los límites judiciales al poder gubernamental se debilitaron en el 63 % de los países, mientras la justicia civil retrocedió en el 64 % y la penal en el 58 %. El WJP señala la presión y la influencia indebida de los gobiernos como factores centrales de ese desgaste.
Estados Unidos entre los países que retroceden
Estados Unidos descendió tres posiciones hasta el puesto 30 de la clasificación mundial, con una reducción del 1.8 % en su puntuación general.
Su caída más pronunciada ocurrió en justicia civil, categoría en la que perdió diez lugares y quedó en la posición 47. También descendió en justicia penal y derechos fundamentales, donde pasó a ocupar los puestos 41 y 49, respectivamente.
En América Latina y el Caribe, 19 de los 32 países evaluados empeoraron. Uruguay encabeza la clasificación regional, seguido de Costa Rica y Barbados.
En los extremos del listado mundial, Dinamarca conserva el primer lugar y Venezuela ocupa el último. Le siguen, entre las posiciones más bajas, Afganistán, Haití, Camboya y Nicaragua.
El índice se construye con más de 215,000 encuestas a hogares y 3,400 consultas a profesionales del derecho y especialistas. Evalúa cómo se experimentan en la práctica la justicia, los derechos y los controles a las autoridades.
Fuente: Panorama
